Aún no hay sentencia, pero sí hemos conocido el borrador encargado a la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, sobre el recurso presentado por el Partido Popular a la ley de amnistía, y para sorpresa de nadie lo esperable era lo predecible.

Predecible era esperar que el Constitucional avalara la ley, que la considere constitucional y que subraye en su argumentación algo de perogrullo, la preeminencia del Parlamento respecto a el resto de  poderes del Estado recordando que los jueces deben someterse al “imperio de la ley” que emana de las Cortes Generales. 

Y ¿qué se hace en las Cortes? ¡Noticias frescas se vende hielo! se hace política, origen del pacto de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes, que a cambio de su apoyo acordaron la ley de amnistía con el Gobierno de España. 

Un acuerdo que afecta tanto a los líderes políticos del procés, como a varios centenares de personas anónimas. Ciudadanos que habían visto su vida pender de una decisión judicial por, por ejemplo, haber abierto un colegio el 1 de octubre de 2017 para que la gente pudiera votar. 

De momento, del total de las 193 personas amnistiadas, la mitad (96) son policías, mientras que 84 son activistas o manifestantes y sólo 13 son políticos y cargos públicos. Un balance claramente favorable a las Fuerzas de Seguridad del Estado, mientras que un asunto que debería estar finiquitado en dos meses desde la aprobación de la ley, se alarga con recursos a instancias superiores.

Predecible también era esperar la repercusión política de la filtración del documento que debatirá el T.C. a finales de mes y que presumiblemente saldrá aprobado por la mayoría progresista, por seis votos a cuatro. Algo que enlaza a la perfección con uno de los fines políticos que tenía el PP a la hora de presentar este recurso ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, arremeter contra la propia institución acusándolo de ser de parte y estar a las órdenes de Sánchez. 

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo ha resumido afirmando que regalar impunidad a cambio de poder es corrupción, entonces ¿debemos suponer que cuando la mayoría era conservadora y gobernaban los populares los juristas nombrados a su elección actuaban bajo fidelidad impropia? Es un gran melón a abrir ¡desde luego!

Por parte del Gobierno, en cierto modo, el aval del TC.es un respiro, que le ayuda a afianzar la idea de que gracias a este Gobierno y a la ley de amnistía se ha enterrado el procés. En buena medida, el president Salvador Illa comparte esta idea, pero hay sombras que proyecta volver a poner el foco en un asunto que autodesgastó a mucho votante socialista que no termina de entender que la política y el acuerdo es el carril adecuado para abordar problemas políticos, y no los tribunales.

Predecible era esperar ‘una jartá’ de argumentos insulsos derivados de otro de los puntos que recoge el borrador de Montalbán y que reza así: “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíbe explícita o implícitamente”. 

De ahí, muchos se han sacado que por esa regla de tres la esclavitud, la ablación y la poligamia son constitucionales porque no lo prohíbe el texto constitucional. Así lo afirmaba el Jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, por tomar uno de los casos con más repercusión mediática. 

Que haya que explicar a estas alturas que semejantes aberraciones cuentan con el aval de la Carta Magna en los numerosos artículos que protegen los derechos fundamentales es agotador

Siento que es volver a una clase de párvulos sobre derecho y política, pero que haya que explicar a estas alturas que semejantes aberraciones cuentan con el aval de la Carta Magna en los numerosos artículos que protegen los derechos fundamentales es agotador: art. 17 “nadie puede ser privado de su libertad”, art. 15 sobre el derecho a la integridad física, art. 39 en cuanto a derechos de la infancia y que junto al Código Penal castiga dichos abusos.

Y nos queda el apéndice político más allá del resto de cuestiones, Carles Puigdemont. No nos engañemos, es la pieza de caza mayor. Para una parte es inconcebible que la declaración de independencia de Catalunya quede sin un sometimiento a los tribunales españoles del mayor responsable político del 1-O. 

Para Junts conseguir que regrese el president libre de cargas jurídicas supondría un gran triunfo tras tanta frustración. Pero no será este el momento de despejar el futuro del vecino de Waterloo, ya que el Tribunal Supremo le acusó de malversación, delito no amnistiable, y ese embrollo es cuestión de otras líneas y de otra sentencia que por el momento no va a resolver el Constitucional.