Toma aérea de un conjunto de viviendas.

Toma aérea de un conjunto de viviendas. Tom Fisk (Pexels)

Sociedad

El Ayuntamiento de Lezama ocultó información a vecinos para propiciar un pelotazo inmobiliario

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El Ayuntamiento de Lezama ocultó información urbanística a una familia del municipio para propiciar un pelotazo inmobiliario. El Consistorio vizcaíno le comunicó que una parcela rural abandonada era de su propiedad y le obligó a limpiarla, cuando hace medio siglo había sido adquirida por una inmobiliaria.

Ahora, el ayuntamiento ha iniciado un proceso de modificación de su planeamiento, en el que se prevé recalificar la parcela, de más de 2.000 metros cuadrados, para la construcción de viviendas.

El caso afecta a una pareja que compró hace ocho años un caserío y sus terrenos en el barrio de Garaioltza de Lezama. Entre ellos, había una parcela que no estaba incluida en las escrituras de propiedad (aunque el anterior dueño la consideraba de su propiedad al realizar la venta) y, por ello, los adquirientes piden información sobre la titularidad del terreno.

El IBI siempre ha sido abonado tanto por el anterior propietario como la pareja actual dueña de los terrenos.

El alcalde Jon Ander Aurrekoetxea (PNV) comunicó a la pareja que aclararía la situación con el catastro, pero “no hemos recibido respuesta”, según señalan los afectados. En 2021, tras realizar sus gestiones, reciben una comunicación del catastro que ratifica que la parcela es de su propiedad.

Y en octubre de 2022, el ayuntamiento de Lezama les manda una comunicación para que limpien el solar (que presentaba problemas de insalubridad) en el plazo de un mes con la advertencia de que “de no realizarse en el plazo indicado, el ayuntamiento adoptará las medidas pertinentes a cargo de la persona propietaria de la parcela”.

Ante ello, y con la seguridad de que son los propietarios, acometen la limpieza y alisan el terreno, para lo que piden un permiso municipal. En julio de 2024, reciben la autorización del ayuntamiento.

Pero pocos días después, a finales de julio (ya en época vacacional), los propietarios reciben una notificación del Castastro de la Hacienda de Bizkaia, en el que les informan de que la parcela está a nombre de Promoción Inmobiliaria Lezama, una empresa que está ahora en concurso de acreedores.

La investigación de los afectados ha detectado además que el Ayuntamiento conocía desde 1995 que la propiedad de la parcela era de la inmobiliaria, ya que en aquel año se aprobó un proyecto de reparcelación de esa zona donde aparecía dicha información.

Y, de hecho, en el plan urbanístico que impulsa ahora el ayuntamiento hay un documento sobre las afecciones ambientales que está fechado en abril de 2023, pocos meses después de que el ayuntamiento obligase a los vecinos a limpiar el solar.

En sus conversaciones con el ayuntamiento, los afectados aseguran que les han trasladado que no pueden hacer nada ni hay posibilidad de indemnización dada la situación de quiebra de la constructora, que ha pactado una opción de venta con otro promotor.

Únicamente, el Consistorio les ha ofrecido la devolución de los últimos cuatro años del pago del impuesto del IBI, una cantidad de poco más de 25 euros.

El ayuntamiento de Lezama ha sido noticia negativa en las últimas décadas por sus irregularidades urbanísticas. 

Es el único municipio en Euskadi al que la Justicia le ha anulado hasta cuatro veces su plan general, por lo que funciona con las normas subsidiarias de hace ya 37 años.

Una de sus irregularidades fue que intentó beneficiar a su entonces alcaldesa Alaitz Etxeandia con la recalificar de un solar de su familia para construir 52 pisos y obtener plusvalías por 5,5 millones de euros.

De nuevo el ayuntamiento de Lezama en el foco por anomalías urbanísticas. Este consistorio, que intentó hace dos décadas sin éxito beneficiar a una exalcaldesa con una recalificación que le iba a reportar 5,5 millones de euros, ha ocultado información a una familia sobre una parcela rural.

Le ha obligado a limpiarla, mantenerla (incluso le ha dado permisos para ello) y pagar los impuestos con la apariencia de que era de su propiedad.

Pero resulta que aparece otro propietario, una inmobiliaria, y el ayuntamiento, con una recalificación, impulsa ahora un plan de viviendas en la parcela. No pinta nada bien.