Ana Flor, alto y claro sobre la okupación: “Me llegan facturas de 200 euros, ya no puedo asumir más gastos”

En España, la okupación —la ocupación ilegal de inmuebles— se ha convertido en un fenómeno que aviva un debate constante entre lo legal, lo social y lo humano. Aunque la ley establece que se trata de un delito, la realidad se complica con la existencia de ciertos derechos que, una vez establecidos para los okupas, dificultan los procesos de desalojo y, en consecuencia, afectan profundamente a los legítimos propietarios o residentes legales.

Ana Flor, vecina de la localidad vizcaína de Bermeo, es uno de los rostros visibles de esta problemática. Lleva dos años sin poder habitar su propia casa, una vivienda que le fue concedida como residencia habitual tras su divorcio mediante resolución judicial. Hoy, esa misma casa permanece ocupada ilegalmente, mientras ella sobrevive al margen de lo que alguna vez fue su hogar.

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Dos años sin poder entrar a su casa

Todo comenzó en 2023, cuando Ana, movida por la confianza y la buena fe, accedió a un favor que jamás imaginó que se convertiría en una pesadilla. Un amigo le pidió prestada su vivienda durante unos días para que otro conocido, recién llegado a Bermeo por una oferta laboral, tuviera un lugar temporal donde quedarse.

Ana, que se disponía a salir de viaje con su familia, accedió a dejarle las llaves, con la promesa de que solo se haría una copia temporal y que se las devolverían. Esa devolución nunca llegó. En su lugar, llegó la puerta cerrada para siempre y un proceso legal que, lejos de ser inmediato, se extendió durante dos largos años.

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Dos años de trámites, recursos y frustración que han llevado a Ana al límite. Su paciencia se agotó hasta el punto de decidir instalarse frente a su vivienda en señal de protesta, exigiendo lo que es suyo: la posibilidad de volver a vivir en su hogar.

Su acción no ha pasado desapercibida. La comunidad de Bermeo, sensibilizada con su situación, le ha mostrado un fuerte respaldo. Vecinos y vecinas se han unido a su causa, elevando su voz ante una situación que, aunque legalmente compleja, tiene un trasfondo humano desgarrador.

La batalla silenciosa de Ana por su vivienda 

El caso de Ana no es un hecho aislado, sino una muestra más de cómo el vacío entre la ley y la realidad puede transformar la vida de una persona común en una larga batalla por lo que le pertenece.

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Su historia refleja la necesidad urgente de revisar los mecanismos legales que regulan la okupación y garantizar que el derecho a la vivienda no se convierta en un laberinto sin salida para quienes, como Ana, solo quieren regresar a casa.

Una situación desesperante, en la que le han ido dando largas mientras ella ha tenido que buscarse la vida. Juicios que han sido pospuestos, en varias ocasiones, por excusas que han ido poniendo los okupas.

Después de tanto, ayer tuvo lugar el juicio “por coacciones y amenazas, tanto yo como mi exmarido”, tras ser denunciada por los propios okupas porque “le da miedo su cara (Ana)”. Una situación compleja en la que Ana ha sido absuelta.

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"Se creen los dueños de la casa"

No suficiente con ello, los okupas se han empadronado en la vivienda alegando ante la policía que tienen un “contrato de alquiler verbal y que me paga 400 euros en negro”. Asimismo, se presentan en las reuniones de propietarios como si ellos fueran los propietarios de la vivienda y votan como uno más aceptando el servicio de la limpieza: “Se creen los dueños de la casa”.

Se trata de una pesadilla lo que está viviendo la vecina de Bermeo, que denuncia que los individuos “Llevan dos años viviendo en mi casa sin ninguna presión” y “Me llegan facturas de la luz de 200 euros que no puedo seguir pagando”.