No lo tendrá para tanta lamentación como está provocando su actual gobierno. Europa tampoco, porque está desaguando en Gaza todo el crédito moral que podía atesorar como espacio de garantía de derechos y libertades fundamentales. El momento de las lamentaciones llegará, como le acabó llegando a Alemania, pero estamos ahora en el momento histórico previo, el de la perpetración del crimen.

Es ahora cuando Israel y su gobierno deben ser señalados y exigir que cese en su galopante escalada criminal, y es ahora cuando Europa tiene que demostrar que se toma en serio los derechos y libertades.

Entre ambos espacios, Israel y la Unión Europea, existe un acuerdo del que se cumplirán en breve 25 años que en su artículo segundo establece su fundamento en el “respeto por los derechos humanos y los principios democráticos”.

El resultado no debería ser otro que la denuncia de dicho acuerdo hasta que el Estado israelí ponga fin a su actual actuación criminal

Hace solo unos días que Europa decidió considerar la posibilidad de que Israel esté incumpliendo dicho fundamento y el resultado no debería ser otro que la denuncia de dicho acuerdo hasta que el Estado israelí ponga fin a su actual actuación criminal en los territorios palestinos.

En unos meses hará ochenta años que por primera vez en la historia del derecho internacional se introdujo el principio de que un Estado no es dueño de hacer lo que le plazca con su propia población.

La mayor parte de la población judía exterminada entre 1933 y 1945 o era alemana o pertenecía a territorios incorporados al Reich alemán y esa fue una de las líneas de defensa de los dirigentes nazis en Nuremberg, argumentando que se trataba de un asunto interno y relativo a la población propia, sobre lo cual no había ningún poder en la tierra capaz de exigir cuentas al Estado alemán.

No les faltaba razón a los dirigentes nazis y sus defensores, pues así había entendido el derecho internacional hasta entonces la relación entre un Estado y su población: eran sus súbditos y nadie podía exigir responsabilidad al Estado en su actuación respecto de ellos.

Por eso los Estados Unidos se apresuraron en el siglo XIX, y ratificaron tras la Primera Guerra Mundial, a proclamar que los pueblos indios eran “naciones domésticas” suyas, es decir, sin posibilidad de apelar a ninguna instancia internacional ante actuaciones, incluidas las criminales, del Estado al que pertenecían.

Por supuesto que no ha sido ni es fácil en un mundo de Estados hacer justicia en nombre de la humanidad, pero desde 1945 ha habido significativos avances

Pero resultó que sí existía esa instancia que podía exigir responsabilidades a un Estado por actuaciones criminales contra su propia población: la humanidad. Por supuesto que no ha sido ni es fácil en un mundo de Estados hacer justicia en nombre de la humanidad, pero desde 1945 ha habido significativos avances inspirados en aquellos principios derivados del holocausto judío.

Entre ellos, la Corte Internacional de Justicia (1945), la Convención contra la Tortura (1984), los juicios a las Juntas en Argentina (1985), el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (1993), la detención de Augusto Pinochet en el Reino Unido (1998) o la creación el mismo año de la Corte Penal Internacional. Todos son hitos en ese difícil camino de una justicia que se imparte en nombre de la humanidad por delitos tan graves que trascienden a las personas contra las que se perpetran para interesar a la humanidad como tal.

Causar la muerte intencionada de decenas de miles de personas de manera indiscriminada, es decir, sin diferenciar objetivos militares y civiles, utilizar el hambre como un castigo insufrible por parte de la población civil, destruir escuelas y hospitales de manera intencionada, masacrar a la población en las colas del hambre, después de haber cortado el suministro de energía y alimentos durante meses, atacar los convoyes de ayuda humanitaria y a los trabajadores de las organizaciones que prestan su servicio en el escenario de guerra y, sobre todo, no tener reparo alguno en que la mayor parte de las víctimas sean infantiles, son todas ellas actuaciones llevadas a cabo por el Estado de Israel y son cada una de ellas de por sí crímenes contra la humanidad y probablemente también de genocidio.

Esto último no depende tanto de los horribles actos llevados a cabo por Israel cuanto de la intención de los mismos, pues debería probarse que la misma es el exterminio total o parcial de un pueblo.

Cuesta mucho creer que una maquinaria de guerra tan precisa como la israelí haya matado a 60.000 personas y dejado intacta la infraestructura de Hamás

El argumento israelí de que el motivo para esta masacre es acabar con una organización terrorista lo acaba de destruir su propio ejército que afirma que Hamás mantiene intacta su capacidad terrorista. Cuesta mucho creer que una maquinaria de guerra tan precisa como la israelí haya matado a 60.000 personas y dejado intacta la infraestructura de Hamás.

Si a ello le sumamos que abiertamente se habla por parte israelí (y así se acuerda con el presidente de otro Estado) de la posibilidad de expulsar fuera de su territorio a toda la población actual de Gaza, se hace patente que estamos ante una intención deliberada de exterminio, total o parcial, del pueblo palestino.

Sean crímenes de genocidio o de lesa humanidad, son innegable y radicalmente incompatibles con los valores establecidos en el artículo segundo del tratado entre la Unión Europea e Israel. Teniendo presente que no hay el más leve signo de que Israel vaya a detener esta actuación criminal, es imperativo que la Unión Europea denuncie el incumplimiento por parte israelí del acuerdo y lo dé por liquidado.